Una redada masiva contra la corrupción golpea al PP de Esperanza Aguirre

En la operación, que dirige el juez Eloy Velasco, se están registrando ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas.

Cuatro alcaldes madrileños del PP han sido detenidos, así como el alcalde socialista de Parla. También está arrestado el exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La operación se extiende a Murcia y Castilla y León.

Seis alcaldes madrileños figuran entre los 51 detenidos. Se trata de los ediles de Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en la operación. Fue vicepresidente de la institución hasta hace cinco meses, cuando relevó a Isabel Carrasco tras su asesinato.

El PSOE suspenderá cautelarmente al alcalde de Parla tras su detención.

En la operación, que coordina la Fiscalía Anticorrupción, participa el grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa; también están siendo registrados domicilios de diversos constructores. La operación es contra "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías", ha afirmado la Fiscalía. Además de en la Comunidad de Madrid, también se producen actuaciones en Murcia, León y Valencia.

El comunicado detalla que en la trama se ha detectado la "connivencia de ediles municipales y funcionarios, sociedades constructoras, empresas de obras y servicios energéticos y el concierto de intermediarios y sociedades instrumentales", que han reportado en adjudicaciones públicas 250 millones de euros "sólo en los dos últimos años". La Fiscalía relata que fueron "la contrapartida a comisiones ilegales a costa de la Hacienda municipal y autonómica".

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Además de los registros, se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar movimientos de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

Ferraz niega que vaya a haber un pacto con el PP en materia de lucha contra la corrupción, aunque admite que mantendrá las conversaciones.

Cayo Lara cree que el PP tendrá que trasladar su sede a la Audiencia Nacional.

El líder de IU, Cayo Lara, cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no puede "esconderse más" de la corrupción que afecta a su partido y que, por el camino que va, ha ironizado, va a obligar al PP a trasladar su sede de la calle Génova a la Audiencia Nacional.

Cayo Lara, en una rueda de prensa, ha insistido en que Rajoy tiene que dar la cara en el Congreso, sobre todo después de una semana tan intensa, según ha dicho, en lo que se refiere a casos de corrupción que han salido a la luz: las tarjetas opacas de Rodrigo Rato o Miguel Blesa y la supuesta compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del PP, un pago presuntamente autorizado por el ex secretario general Ángel Acebes.

También se ha conocido estos días la financiación de las obras de la sede del PP con dinero negro o la nueva cuenta descubierta en Bahamas del extesorero popular Luis Bárcenas, a lo que ha sumado la detención hoy del exconsejero de Madrid Francisco Granados, ha contado Lara.

"Me parece que hay elementos suficientes para dar explicaciones", ha subrayado el coordinador federal de IU, que hoy ha registrado una proposición no de ley para que los delitos de corrupción no prescriban antes de ocho años y no a los cuatro que prevé la legislación actual.

Comunicado de Izquierda Unida Comunidad de Madrid sobre Caja Madrid/Bankia

Resolución sobre Caja Madrid/Bankia

En los últimos días, estamos asistiendo al goteo continuo de hechos reveladores en los que exconsejeros/as y  exdirectivos/as de Caja Madrid/Bankia usaron tarjetas de crédito opacas tanto para fines personales como para el pago de favores políticos, que además coinciden en el tiempo con la privatización de la antigua Caja Madrid, hoy Bankia, y la batalla interna que en ella se dio.

Los órganos encargados de supervisar y controlar las entidades financieras (mecanismos internos de control de Caja Madrid, auditores, y Banco de España), han dejado indefensa a la sociedad, ante la capacidad de unas personas sin escrúpulos de burlar los controles en su propio beneficio.

Pedimos perdón a la sociedad porque personas nombradas por nuestra organización cometieran unos hechos que tachamos de conducta intolerable y que no puede merecer otra cosa por nuestra parte que nuestra más radical condena.

La querella presentada por Izquierda Unida hace casi un año contra los gestores de esta entidad, junto a las presentadas por otros, están destapando la estafa cometida por una serie de personas, entre ellas las que fueron nombradas por nuestra organización. Por eso, pedimos celeridad y contundencia a la justicia, pero también exigimos:

• Al PP que apoye la creación de una Comisión de Investigación en el seno de la Asamblea de Madrid, presentada a iniciativa de IU, ya que el parlamento regional no puede eludir el control político de una entidad que ha estado bajo la tutela del Gobierno regional.

• La apertura de expediente fiscal a todas y cada una de las personas que tenían que velar por el correcto funcionamiento de Caja Madrid/Bankia.

• Que el expediente abierto a la empresa auditora Deloitte se haga público y se le prohíba  seguir operando, pues supone un despropósito económico pagar un dinero a quien no sabe ni quiere controlar el derroche y el despilfarro del dinero público.

• A los consejeros y consejeras, especialmente a los que fueron nombrados por IU aunque ya no formen parte de nuestra organización (José Antonio Moral Santín, Rubén Cruz Orive, Juan Gómez Castañeda), que reembolsen las cantidades gastadas ya que independientemente de que pudiera ser legal o no, es sin ningún género de dudas incompatible con principios éticos”.

Recuperar las ayudas públicas aportadas, para que las mismas no sean soportadas por toda la ciudadanía, continúa siendo el primer objetivo, y para ello es imprescindible que el Estado mantenga su participación en la propiedad de Bankia.

Incluso más allá de la devolución de las ayudas, Bankia debería -junto con otras instituciones financieras nacionalizadas- conformar un polo de banca pública que venga a cubrir parte del vacío dejado con la desaparición de las Cajas de Ahorros, esto es, asegurar la inclusión  financiera para quienes tienen menos recursos y no resultan de interés comercial para los bancos, redistribuir los beneficios atendiendo a las necesidades sociales y garantizar la financiación y el crédito a empresas y particulares que hoy carecen del mismo.

En nuestra opinión, este es el principal conflicto que hoy tiene el conjunto de la sociedad con Bankia, impedir su privatización con carácter general y en ningún caso sin antes recuperar el dinero aportado por el Estado, se trata de mirar sobre todo al futuro para no tener un nuevo quebranto de los intereses de la mayoría.

Queremos que IUCM investigue lo sucedido en Caja Madrid/Bankia, que se depuren responsabilidades y se tomen las medidas oportunas, por ello instamos a la Comisión de Investigación interna de IUCM que aclare las responsabilidades  que hubiere y ahonde en la investigación de la querella que presentó IUCM en su día.

Tenemos que recordar que el 20 de febrero de 2012 ya constituimos una comisión en la que se citó a Moral Santín para preguntarle sobre sus retribuciones y nos trajo unos supuestos certificados oficiales que se ha demostrado que no se correspondían con la realidad de sus ingresos. Este hombre ha hecho de la mentira su modus operandi.

FIANZA MILLONARIA AL EX ALCALDE DEL PP DE GUADARRAMA POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

El Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha impuesto una fianza de 9,2 millones de euros al ex alcalde de Guadarrama y actual regidor de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, del PP, procesado por un presunto delito de prevaricación en relación a un contrato de permuta de unas parcelas firmado en 2006, cuando Fernández Rubio era alcalde de Guadarrama.

Así consta en un auto del juez, en el que se ordena la apertura de juicio oral contra el regidor. La fianza se impone para garantizar las posibles responsabilidades económicas que se deriven de este proceso.

El juicio se celebrará próximamente en un Juzgado de lo Penal de Madrid. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan una pena de diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. La sentencia dictamina también la responsabilidad civil subsidaria del Ayuntamiento de Guadarrama, aunque a este no se le ha impuesto ninguna fianza.

Los hechos se remontan a febrero de 2006, cuando Fernández Rubio firmó unos contratos de permutas de parcelas con el empresario local Luis Álvarez García, que poseía una parcela de 10.000 metros cuadrados el centro de la localidad. El regidor le ofreció que cambiara al Ayuntamiento esos terrenos por otros en las afueras del municipio y una concesión de un supermercado en la futura plaza de toros por un periodo de 25 años.

El empresario accedió y firmó un contrato, pero las guerras internas del PP en Guadarrama dieron al traste con la operación. Una escisión de la formación creó un partido independiente, que ganó las elecciones. La nueva alcaldesa salida de las urnas declaró que el contrato era perjudicial para el pueblo y lo denunció ante la justicia, basándose en un informe del Secretario e Interventor municipal que desaconsejaba el contrato. El empresario falleció hace cuatro años pero sus herederos han seguido el procedimiento contra el ahora alcalde de Las Rozas, ya que jamás recibieron las parcelas propuestas en el contrato ni la concesión del supermercado.

Ahora, el Juzgado le impone una de las mayores fianzas de la historia española, 9,2 millones que se desglosan así: 1.769.340 euros por daños y perjuicios; 7,2 millones en concepto de lucro cesante por el contrato con la entidad Supercor a razón de 288.000 euros anuales de canon durante los 25 años, y 250.642 euros por el acondicionamiento de las parcelas cedidas en un principio por el Ayuntamiento y que luego recuperó.

(elplural.com)