Una anciana viuda
de 85 años, Carmen Martínez, fue desahuciada el pasado 21 de noviembre de su
vivienda en el barrio madrileño de Vallecas, valorada en 160.000 euros, por
avalar un préstamo de 40.000 euros que pidió su hijo a un particular porque le
denegaron el préstamo en el Banco. Ojalá fuera la última persona en pasar por
esa pesadilla…
Desde el inicio de la
crisis, en 2007, hasta finales de 2012 no existen datos claros del número de
desahucios en España ni de su tipología. Los datos aportados por notarios y
registradores varían. Según datos de la Plataforma contra los Desahucios, desde
el comienzo de la crisis hasta la actualidad se han registrado en España casi
570.000 ejecuciones hipotecarias (expedientes abiertos). De ellas, unas 250.000 han acabado en desahucios. En
la mayoría de los casos, la vivienda había sido comprada durante la burbuja
inmobiliaria (1997-2007).
Según
un estudio del Colegio de Registradores de España, el final de la burbuja
inmobiliaria provocó, solo en 2012, que los Bancos se quedaran, por impago de
los créditos, con 38.778 viviendas,
de ellas 30.034 eran primeras residencias.
Esto supone una media de 115 desahucios por día hábil o, lo que es lo mismo, un
desahucio cada 15 minutos. Asimismo, la Banca admitió 14.229 daciones en pago
en primera vivienda, ante la insolvencia de sus clientes. Ese año se iniciaron
65.778 procesos de ejecución hipotecaria.
En
el año 2013 el Consejo General del Poder Judicial publicó su primer informe
sobre este tema. Según recoge su estudio, los desahucios de viviendas, locales
y comercios realizados ese año por los juzgados fueron 67.189, lo que supone una media de 184 diarios. De ellos, 38.961 fueron desahucios de primeras
viviendas. Y se produjeron 13.178 daciones
en pago. El número de ejecuciones hipotecarias fue de 82.860.
De
esos desahucios, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias; el 56,8% de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, y el 4.8%, de otras causas. Por comunidades
autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos (23,8%), seguido de la
Comunidad Valenciana (14.6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
Los
últimos datos del CGPJ, publicados el pasado mes de octubre, confirman que
siguen aumentando los desahucios en el país. Durante el primer semestre del año
se han producido ya 42.405 desahucios
(24.226 en el primer trimestre y 18.179 en el segundo). De ellos, el 53,2 % fue por alquiler, el 44,2 % por hipotecas y el 4,6 %
restante obedeció a otras causas.
A este drama, que afecta a miles de familias y se ha intensificado cada vez
más por la escalada del desempleo, se une una de las consecuencias más terribles
de los desahucios: el suicidio de la persona que va a ser desahuciada. La tragedia de esta situación se ha colocado en el
centro del debate de la opinión pública, y no sólo en España. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en una sentencia hecha pública el 14 de marzo de
2013, dictaminó que la legislación española vulnera la normativa comunitaria
porque no garantiza una protección suficiente a los ciudadanos frente a
hipotecas con cláusulas abusivas, e instó al Ejecutivo de Rajoy a adecuar la
ley al fallo europeo.
Dos meses después, el 8 de mayo de ese año, el Pleno del Senado aprobó
definitivamente la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social (Ley 1/2013 de 14
de mayo), propuesta por el PP, que entró en vigor una semana después. El
Partido Popular, con su mayoría absoluta, rechazó las 275 enmiendas presentadas
por el resto de los grupos y aprobó la ley en solitario (142 votos a favor,
94 en contra y 5 abstenciones). La nueva norma no incorporaba la dación en
pago universal y retroactiva, reclamada en la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llegó al Congreso
avalada por un millón cuatrocientas mil firmas. La Ley incluía, como medida
estrella, la suspensión durante dos años de los desahucios de afectados en
condiciones de especial vulnerabilidad.
El pasado martes, 25 de noviembre, durante la sesión de control al Gobierno
realizada en el Senado, el hemiciclo se quedó prácticamente vacío durante la
primera de las intervenciones al Ejecutivo, que trataba precisamente sobre los
desahucios y la protección a los deudores hipotecarios.
UNA VERDADERA
VERGÜENZA, SUS SEÑORÍAS.
