En la operación, que dirige el juez Eloy Velasco, se están
registrando ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas.
Cuatro alcaldes madrileños del PP han sido detenidos, así
como el alcalde socialista de Parla. También está arrestado el exnúmero dos de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados. La operación se extiende a Murcia y Castilla y León.
Seis alcaldes madrileños
figuran entre los 51 detenidos. Se trata de los ediles de Valdemoro, Parla, Collado
Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.
El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en la operación. Fue vicepresidente de la institución hasta hace cinco meses, cuando relevó a Isabel Carrasco tras su asesinato.
El PSOE suspenderá
cautelarmente al alcalde de Parla tras su detención.
En la
operación, que coordina la Fiscalía Anticorrupción, participa el grupo de
delitos económicos de la Unidad Central Operativa; también están siendo
registrados domicilios de diversos constructores. La operación es contra
"una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios
ayuntamientos y autonomías", ha afirmado la Fiscalía. Además de en la
Comunidad de Madrid, también se producen actuaciones en Murcia, León y
Valencia.
El
comunicado detalla que en la trama se ha detectado la "connivencia de
ediles municipales y funcionarios, sociedades constructoras, empresas de obras
y servicios energéticos y el concierto de intermediarios y sociedades
instrumentales", que han reportado en adjudicaciones públicas 250 millones
de euros "sólo en los dos últimos años". La Fiscalía relata que
fueron "la contrapartida a comisiones ilegales a costa de la Hacienda
municipal y autonómica".
En
concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales,
falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias,
malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones
prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización
criminal.
Además
de los registros, se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades
bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas
corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de
realizar movimientos de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos
preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
Ferraz niega que vaya a haber un pacto con el PP en materia de lucha contra la corrupción, aunque admite que mantendrá las conversaciones.
Cayo Lara
cree que el PP tendrá que trasladar su sede a la Audiencia Nacional.
El
líder de IU, Cayo Lara, cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no
puede "esconderse más" de la corrupción que afecta a su partido y
que, por el camino que va, ha ironizado, va a obligar al PP a trasladar su sede
de la calle Génova a la Audiencia Nacional.
Cayo
Lara, en una rueda de prensa, ha insistido en que Rajoy tiene que dar la cara
en el Congreso, sobre todo después de una semana tan intensa, según ha dicho,
en lo que se refiere a casos de corrupción que han salido a la luz: las
tarjetas opacas de Rodrigo Rato o Miguel Blesa y la supuesta compra de acciones
de Libertad Digital con dinero de la caja B del PP, un pago presuntamente
autorizado por el ex secretario general Ángel Acebes.
También
se ha conocido estos días la financiación de las obras de la sede del PP con
dinero negro o la nueva cuenta descubierta en Bahamas del extesorero popular
Luis Bárcenas, a lo que ha sumado la detención hoy del exconsejero de Madrid
Francisco Granados, ha contado Lara.
"Me
parece que hay elementos suficientes para dar explicaciones", ha subrayado
el coordinador federal de IU, que hoy ha registrado una proposición no de ley
para que los delitos de corrupción no prescriban antes de ocho años y no a los
cuatro que prevé la legislación actual.
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