El Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha
impuesto una fianza de 9,2 millones de euros al ex alcalde de Guadarrama y
actual regidor de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, del PP, procesado
por un presunto delito de prevaricación en relación a un contrato de permuta de
unas parcelas firmado en 2006, cuando Fernández Rubio era alcalde de
Guadarrama.
Así consta en un auto del juez, en el que se ordena la
apertura de juicio oral contra el regidor. La fianza se impone para garantizar
las posibles responsabilidades económicas que se deriven de este proceso.
El juicio se celebrará próximamente
en un Juzgado de lo Penal de Madrid. Tanto la Fiscalía como la acusación
particular solicitan una pena de diez años de inhabilitación para ejercer
cualquier cargo público. La sentencia dictamina también la
responsabilidad civil subsidaria del Ayuntamiento de Guadarrama, aunque a este
no se le ha impuesto ninguna fianza.
Los hechos se remontan a febrero de 2006, cuando Fernández
Rubio firmó unos contratos de permutas de parcelas con el empresario local Luis
Álvarez García, que poseía una parcela de 10.000 metros cuadrados el centro de
la localidad. El regidor le ofreció que cambiara al Ayuntamiento esos terrenos por
otros en las afueras del municipio y una concesión de un supermercado en la
futura plaza de toros por un periodo de 25 años.
El empresario accedió y firmó un contrato, pero las guerras
internas del PP en Guadarrama dieron al traste con la operación. Una escisión
de la formación creó un partido independiente, que ganó las elecciones. La
nueva alcaldesa salida de las urnas declaró que el contrato era perjudicial
para el pueblo y lo denunció ante la justicia, basándose en un informe del
Secretario e Interventor municipal que desaconsejaba el contrato. El empresario
falleció hace cuatro años pero sus herederos han seguido el procedimiento
contra el ahora alcalde de Las Rozas, ya que jamás recibieron las parcelas
propuestas en el contrato ni la concesión del supermercado.
Ahora, el Juzgado le impone una de las mayores fianzas de la
historia española, 9,2 millones que se desglosan así: 1.769.340 euros por daños
y perjuicios; 7,2 millones en concepto de lucro cesante por el contrato con la
entidad Supercor a razón de 288.000 euros anuales de canon durante los 25 años,
y 250.642 euros por el acondicionamiento de las parcelas cedidas en un
principio por el Ayuntamiento y que luego recuperó.
(elplural.com)
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