LEY DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Hay que retroceder hasta 1992 para conocer la última norma de seguridad que regula los
espacios de convivencia en nuestro país. La 'Ley Corcuera' nació ese mismo año con el objetivo de apuntalar los espacios más
vulnerables de la ley en la ejecución de las infracciones que cometen los
distintos ciudadanos en el territorio nacional.
La nueva
ley de Seguridad Ciudadana nace más de 20 años más tarde
con un fin mucho más suavizada que el texto que manejaba el gabinete de Jorge
Fernández Díaz, pero... ¿Cuáles han sido los cambios finales? ¿En qué va
consistir el nuevo texto?
División de las sanciones en tres
niveles:
1.- Leves: multas de entre 100 y 600
euros, entre las que aparecen, por ejemplo, no denunciar el robo del DNI o
realizar actividades deportivas en lugares no habilitados para ello).
2.- Graves: entre 601 y 30.000 euros,
como el consumo de psicotrópicos en la vía urbana.
3.- Muy graves: entre 30.001 y
600.000 euros, como el uso de armas sin motivo aparente y apuntar a alguien con
un puntero láser, por ejemplo. Estas dos últimas consideraciones pueden ser
divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.
- ¿Qué pasa con las concentraciones?: Si las protestas se dan frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas, son
consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas. Se elevan a
graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad
ciudadana.
- Identificaciones sin
discriminación: La ley incluirá la necesidad de
cumplir los principios de no discriminación y proporcionalidad en las
identificaciones, evitando así legalmente las identificaciones masivas o por
razones étnicas.
En cuanto a las retenciones por un
máximo de seis horas, se llevará un
libro de registro que se remitirá al Ministerio Fiscal y se expedirá al
retenido un volante acreditativo de su situación, el tiempo que ha permanecido
y los funcionarios que han participado en la diligencia
- Esta Ley tiene un mayor número de
artículos: en vez de 39, serán 55 los artículos
que regirán la nueva norma de seguridad en el país. Se crea en paralelo a la
susodicha Reforma Penal.
- Prostitución: El anterior texto tenía pensado sancionar a quienes ejercieran
la prostitución en lugares cercanos a los que suelen frecuentar los menores. Las
exigencias de los colectivos hacen que sólo sean sancionados los clientes
Gaspar Llamazares,
portavoz de Izquierda Unida, ha
asegurado que la
nueva ley es una forma de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, avanzando
hacia un estado de excepción y limitando la libertad de las personas".
Por su parte, el presidente del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha confiado en que lograrán "abrir brecha" en la
tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso o en el Senado para
que sus peticiones y alegaciones sean incluidas o,
en caso contrario, ha avanzado que intentarán que quienes tienen la competencia "interpongan un
recurso de inconstitucionalidad".
(Europa Press)
Texto de Pedro de Palacio:
El
rechazo de Izquierda Unida hacia la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como
‘Ley Mordaza’ es absoluto. Esta ley responde a una situación muy concreta, en
la que las élites económicas y su Gobierno del PP saben que el proceso de
empobrecimiento al que someten a nuestro país y a la mayoría social hará que la
protesta social siga aumentando, y quieren meternos el miedo en el cuerpo y
sancionarnos con multas para reprimir dicha protesta social y que la ciudadanía
tenga miedo a manifestarse.
El
Gobierno de España intenta aplicar aquello que decía Maquiavelo de que es mejor
ser temido que ser amado (la segunda situación no se ha dado en nuestro país).
El aprovechamiento por parte de las élites económicas y los Gobiernos para
empobrecer al país y a la mayoría social ha ido generando una movilización
social creciente contra estas políticas. El 15-M, las Mareas, las Marchas de la
Dignidad culminadas por una manifestación en Madrid de dos millones de
personas, etcétera unido al duro revés sufrido por el bipartidismo en las
elecciones europeas el 25-M han hecho saltar todas las alarmas entre los que
quieren que toda siga igual situando al pueblo al margen de las decisiones
fundamentales que rigen la vida política y económica del país. Desde hace un
par de años, la escalada de represión política ha ido aumentando
exponencialmente, a través de astronómicas sanciones económicas y penas de
prisión injustificables con objetivos disuasorios, etc.
La Ley
Mordaza es el culmen de la regulación legal de esta oleada de ataques contra
derechos individuales y colectivos, cuyo fin es criminalizar la protesta social
y a quienes luchan por una democracia real, estableciéndose Estados de
Excepción encubiertos. La mala utilización de los Cuerpos de Seguridad del
Estado por parte de las Delegaciones del Gobierno y el Ministerio del Interior,
la amenaza económica (las sanciones en este ámbito llegarán hasta los 600.000
euros, una cantidad disparatada e inasumible para la mayoría social, pero por
encima de todo utilizar los maltrechos bolsillos de los/las españoles/as como
una amenaza para que no se manifiesten ante el peligro de multa), los registros
e identificaciones gratuitos y la expulsión de la vía pública de los viandantes
por indicios de “alteración” del orden público pretenden alejar a las personas
de los focos de movilización social.
Es obvio
que esta ley es la una herramienta de un Gobierno situado al margen de la
lógica democrática y subordinado completamente a las élites económicas para
intentar frenar la protesta social, la construcción desde la calle de proyectos
políticos que dificulten sus intenciones de empobrecernos y éste sea el punto
de partida de una alternativa política y social para construir un nuevo país en
coherencia con los intereses de la mayoría social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario